Nuestro observatorio para la función pública, tuvo como móvil, la inquietud por indagar el ejercicio de las diferentes funciones que cumple el Estado a partir de la Constitución Política de 1991.

En efecto, partiendo de un Estado moderno, en el cual las funciones a desarrollar son diversas y no se limitan a las primigenias como la ejecutiva, judicial y legislativa, surge la necesidad de indagar por la identificación y desarrollo de las mismas, bajo el sistema jurídico vigente de nuestro Estado. Permitiendo con ello entender el comportamiento de un marco regulatorio y dentro de él, las actuaciones de los funcionarios públicos para el cumplimiento de los fines constitucionales.

Por ello, surge el firme propósito de investigar desde un centro de estudios científico el comportamiento del Estado para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales establecidos por el constituyente primario, no solo a partir de la estructura de sus instituciones, sino también, de las relaciones con los particulares, con las personas jurídicas de la propia estructura del Estado y por supuesto con las personas jurídicas extranjeras.

Claramente dentro de la inquietud por indagar el ejercicio de funciones públicas en nuestro Estado, también surge la necesidad de investigar el cumplimiento de nuestro marco regulatorio jurídico, el cual es un sistema complejo integrado por las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, acompañado de la jurisprudencia y el control de convencionalidad que aplica directamente al comportamiento cotidiano de los funcionarios del Estado, permitiendo así la construcción de un centro de estudios que se encargue de investigar todo es comportamiento institucional con el fin de aportar en la creación de un orden justo, tal como lo dispone el mismo artículo 2º de la Constitución Política de Colombia de 1.991.